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ANP > Noticias > Jurisprudencia del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación citada en sentencia de la Corte Suprema 19 / 05 / 2020

Jurisprudencia del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación citada en sentencia de la Corte Suprema

Hace ya casi un año, la nominación de la ministra Dobra Lusic para ocupar un puesto en la Corte Suprema, produjo una serie de reacciones a raíz de su intervención ante la comisión de Legislación, Constitución y Justicia del Senado, señalando que “…hay que regular la prensa, los medios de prensa…

A propósito de la cobertura de prensa de esta polémica, el abogado John Campos notario interino en San Miguel -acusado de tráfico de influencias para lograr ese nombramiento además de intentar conseguir votos para que se aprobara el nombramiento de Lusic-, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del medio digital El Mostrador y sus colaboradores, alegando que había publicado información inexacta, falsa y otra o sea son dos recursos entonces? en que su difusión era ilegal. Esta información buscaba “presentar ante la ciudadanía una compleja red de apoyo y respectiva reciprocidad en favor del recurrente”.

Se da en este caso una interesante discusión por la posible colisión que existe entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, y se discute en torno a cuál prima según el caso y el análisis que debe hacerse para determinarlo. Además, se hace referencia al derecho al olvido, que no se encuentra expresamente regulado en nuestra legislación pero si por la jurisprudencia, tratados internacionales y otros instrumentos jurídicos.

El recurso señala que con la publicación de las notas que ahí se individualizan, se afectaron el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia, y la libertad de trabajo y su protección.

Finalmente, se solicita que se condene al medio a eliminar las noticias que afectan la honra del recurrente, eliminando los links o direcciones URL de las notas que ahí se incluyen. Además, se pide a la Corte que determine las medidas de reparación que estime pertinentes y que el medio no vuelta a efectuar publicaciones que afecten los derechos fundamentales del recurrente.

En sus descargosEl Mostrador sostiene que no considera que exista en su actuar conductas arbitrarias e ilegales, ya que a su juicio simplemente cumplieron con su derecho y deber de informar a la opinión pública a través de las notas referidas. Asimismo,  realiza un desglose de los argumentos presentados por el recurrente y su correspondiente contra argumentación, y las razones de por qué debe ser desestimado el recurso.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto, exponiendo una serie de argumentos que respaldan su decisión. Respecto de esa resolución se solicitó que se declarara la nulidad, por lo que el asunto pasó a la Corte Suprema para su revisión.

El 13 de mayo, la Corte Suprema dictó sentencia, confirmando lo decidido por la Corte de Apelaciones, haciendo referencia a que los recurridos –directivos de El Mostrador- actuaron en el marco de la ley 19.733 (libertad de emitir opinión e informar) y que se limitaron a elaborar y publicar una serie de artículos de prensa vinculados a un suceso de relevancia pública como es la nominación a un cargo de la Corte Suprema, y que “es un caso en el que debe primar la libertad de información del medio de comunicación social por sobre la eventual afectación al derecho al honor del recurrente, en atención al derecho que se reconoce a la ciudadanía a conocer aquellos hechos y conductas de relevancia pública debido a la importancia o trascendencia general que ellos presentan en sí”. Considera que este es un caso en que el derecho lesionado, que sería la honra de John Campos,  aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre los hechos que se denuncian, que tienen relevancia pública.

Además, se argumenta que la conducta de los medios denunciados no es ilegal, ya que se ajusta a la normativa vigente, y no es arbitraria, porque no es caprichosa y tiene un fundamento racional, citando para este último caso la jurisprudencia del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile sobre el periodismo de investigación (dictamen 13 y dictamen 112), que se relacionan con el dictamen sobre el derecho al olvido (dictamen 203).